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domingo, 5 de febrero de 2012

Capítulo Venezolano del Ombudsman: Peligrosa Ley Sapo

Por conflictove

Sábado, 04 de febrero de 2012Publicado en: Derechos Humanos, Leyes

El presidente del Capítulo Venezolano del Ombudsman, Gustavo Briceño Vivas, destacó este sábado la urgencia del restablecimiento en Venezuela del Estado de Derecho y de la Administración de Justicia, lo cual, a su juicio, ello sólo se consigue con un cambio de régimen político

El presidente del Capítulo Venezolano del Ombudsman, Gustavo Briceño Vivas, destacó este sábado la urgencia del restablecimiento en Venezuela del Estado de Derecho y de la Administración de Justicia, lo cual, a su juicio, ello sólo se consigue con un cambio de régimen político.

“Invitamos a una rebeldía pacífica de la sociedad civil frente a la monstruosidad de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, señaló el abogado constitucionalista al advertir que no hace falta una Asamblea Nacional Constituyente, sino sólo la voluntad de un nuevo Gobierno para rectificar y restablecer una democracia “que cada vez desaparece más en nuestro país de continuar el actual presidente Hugo Chávez en el poder”.

El jurista manifestó que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo es, en esencia, una ley fascista, que conjuga una violación importante de los derechos de los venezolanos a opinar y realizar sus inquietudes diarias, al establecer una Oficina del Estado que controla los actos de comercio, de los profesionales y de la gran clase media en Venezuela”.

Para el doctor Gustavo Briceño Vivas es imposible que el Estado obligue a las entidades bancarias a violar el principio de la intimidad  establecido en la Constitución: “Nuestras cuentas bancarias quedarían a la voluntad del Estado para que actúe a su  libre albedrio a fin de ser investigadas. En el artículo 4 de esta ley el acto terrorista, se define de muchas maneras, permitiéndole al gobierno la libertad de calificar o determinar cualquier actividad de acuerdo a los intereses ideológicos y políticos del gobierno”.

El presidente del Capítulo Venezolano del Ombudsman manifestó que con esa ley ya es posible que un cacerolazo, por ejemplo, sea considerado un acto terrorista y en consecuencia sancionar a cualquier venezolano que haga protesta pública contra el gobierno.“La ley viola abiertamente principios democráticos y muy especialmente, la Convención Americana de los Derechos Humanos”.

Fuente:http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=65550&tpCont=1&utm_medium=twitter&utm_source=web

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