Amparo cautelar que ordena adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del CNE

Amparo cautelar que ordena adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del CNE y sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir "los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles, que puedan limitar el acceso de los trabajadores y perturbar el normal funcionamiento de las sedes del Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional". (Corte de lo Contencioso Administrativo)

JUEZ PONENTE: ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO EXPEDIENTE N° AP42-O-2016-000021 En fecha 18 de mayo de 2016, los ciudadanos ALEJANDRA PANTOJA ROMÁN, GUSTAVO RIVERO CASTAÑEDA, HILDA MERCEDES ESPINOZA QUINTERO, ROBERTO RUIZ Y LACIDES SUÁREZ, titulares de las cédulas de identidad números 13.951.164, 6.978.897, 13.069.446, 19.084.634 y 7.929.583, respectivamente, actuando con el carácter de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), debidamente asistidos por el abogado Erickson Laurens, titular de la cédula de identidad N° V-10.672.248, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 63.012, ejercieron acción de amparo constitucional conjuntamente con medida cautelar innominada “…a los fines de que la COMANDANCIA GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL (GN) y la POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA, generen las acciones conducentes para garantizar los derechos constitucionales vulnerados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.  En la misma fecha, se dio cuenta a la Corte y se designó Ponente al Juez Eleazar Alberto Guevara Carrillo, a quien se ordenó pasar el expediente, a los fines de la decisión correspondiente.  Realizado el estudio de las actas procesales, pasa esta Corte a decidir previas las siguientes consideraciones:  I  ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL  Los accionantes en su escrito alegaron lo que a continuación se cita:  “Tal como se refleja de las copias simples de los carnets expedidos por el Consejo Nacional Electoral, acompañada al presente escrito marcada con las letras “A” y “B”, somos empleados el señalado ente Comicial, que debido a las constantes y frecuentes convocatorias realizadas por voceros de diferentes organizaciones políticas y sociales hemos sido expuestos a situaciones de riesgo que amenazan y en ocasiones llegan a violar nuestro derecho al libre tránsito, al trabajo y a la protección del Estado.  Constituye un hecho notorio comunicacional el relativo a que diferentes personeros del grupo denominado: Coalición Política de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han convocado a concentraciones en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) “…para exigirle al ente comicial el cumplimiento con los lapsos para la realización del referendo revocatorio...”.  Muestra de lo descrito es el anuncio realizado por el Diputado Henry Ramos Allup, a través de su cuenta en Twitter @hramosallup, en la cual se puede apreciar textualmente, lo siguiente:  "Todos el próximo miércoles (pasado mañana) 9am frente a estación metro Bello Monte en marcha hasta CNE para exigirle cumplir plazos RR". (Sic)  Nuestra preocupación surge debido a que, según declaraciones del Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador, la referida concentración no estaría autorizada por las autoridades competentes, tomando en cuenta que los puntos de las mismas constituyen, en muchos casos, zonas de seguridad sometidas a un régimen especial, pero a pesar de ello, son diversos los llamados a concentraciones y marchas no autorizadas por parte del señalado grupo de Coalición Política de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), así como otras organizaciones sociales de oposición, quienes insisten en llevar a cabo tales eventos, situación que hace dudar del carácter pacífico de los mismos. Máxime cuando no han sido activados los cauces legales y democráticos para impugnar- en caso de que lo consideren pertinente – los actos administrativos contentivos de las mencionadas negativas.  En otras palabras, la insistencia de algunos voceros políticos y otras organizaciones de convocar y llevar a cabo concentraciones y movilizaciones cercanas a nuestro entorno de trabajo, las cuales – como se explicó supra - no cuentan con la autorización correspondiente nos conduce a suponer que hay una alta probabilidad de que la finalidad de estos llamados esté alejada de los cometidos de la protesta pacífica o el simple ejercicio de un derecho a la manifestación.  Muestro de ello lo constituyen las declaraciones ofrecidas por el Diputado Paparoni, disponibles en la dirección electrónica http://informe21.com/politica/paparoni-con-la-marcha-nacional-al-cne-presionaremos-al-gobierno, donde se reputan como suyas las siguientes expresiones:  “Mañana va la marcha nacional. Apostaremos al cambio político. En Caracas, nos concentraremos en Bello Monte y Chacaíto y desde allí marcharemos hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). Igual, nos estaremos movilizando en otros puntos del país para ejercer presión"-  El diputado dijo estar seguro de que hoy, más que nunca, para salir de la crisis que viven los venezolanos, hay que salir del Gobierno Nacional. "Apostamos al referendo revocatorio"- puntualizó en la entrevista.  Adicionalmente, se acompaña a este escrito los diferentes comunicados y panfletos que contienen los constantes llamados a estas concentraciones, en los que claramente se aprecian imágenes que incitan a la violencia y alteración del orden público. Queremos insistir que no nos basamos en suposiciones o conjeturas, sino que la amenaza a los derechos constitucionales arriba invocados es tan clara y evidente que nuestra historia reciente da cuenta clara de lo peligroso que pueden resultar estas concentraciones, por cuanto son reiterados los casos donde estos grupos han arremetido contra la seguridad de los funcionarios que laboramos en las instituciones públicas.  Muestra de ello lo constituye la quema de la guardería ubicada en el entonces Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, así como los hechos del pasado 12 de febrero de 2014, cuando simpatizantes de un sector de la oposición destrozaron la plaza de Parque Carabobo y la plaza Diego Ibarra.  De manera que, apoyados en las experiencias pasadas, así como en la circunstancia de que no puede ser considerada ni pacífica ni democrática una movilización que es llevada a cabo sin el permiso de las autoridades competentes y en zonas que la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa expresamente somete a un régimen especial, es por lo que interponemos la presente acción de amparo para que se generen las acciones conducentes al resguardo de nuestros derechos constitucionales, por parte de la Comandancia General de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, a fin de que impidan, a través de las competencias que legalmente tienen atribuidas, la llegada de estos grupos violentos a las cercanías del CNE y con ello se garantice nuestra seguridad e integridad física, así como el derecho al libre tránsito y ejercicio del derecho al trabajo, tal como expondremos detalladamente en los títulos siguientes.   (omissis)  Como señalamos en el encabezado de este escrito existe una clara amenaza al derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, visto que la presencia de grupos violentos – so pretexto del ejercicio de un derecho a manifestar – en las inmediaciones o cercanías del CNE dificulta y en ocasiones imposibilita nuestro arribo a los puestos de trabajo, así como la salida a nuestros hogares.  Realmente en estos tiempos se ha convertido en toda una odisea el intento y esfuerzo que debemos hacer para poder llegar, con la seguridad del caso, a nuestros espacios laborales.  Llama la atención que estos ciudadanos invoquen el derecho a apostarse a las afueras del CNE para “…exigir el cumplimiento de unos lapsos para el revocatorio…” , cuando en realidad con su conducta, claramente desestabilizadora, lo que intentan es impedir el libre acceso de los funcionarios a sus puestos de trabajos, produciendo retrasos que se agravan por las restricciones en el horario, derivadas de la emergencia eléctrica que enfrenta el país.  Es decir, que el llamado a concentraciones no autorizadas por las autoridades competentes y contra cuyas negativas no se han utilizado los cauces legales y democráticos para impugnarlas, lo que demuestra es una clara conducta dirigida a entorpecer la llegada de los empleados al CNE.  Según la Sala Político Administrativa el derecho al libre tránsito comprende un conjunto de facultades otorgadas a los particulares, entre las cuales destacan: el derecho al libre tránsito propiamente dicho, el derecho a cambiar de domicilio o de residencia, la posibilidad de ausentarse y de regresar al territorio de la República y por último, el derecho de trasladar los bienes fuera y dentro del territorio nacional, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes. Dicho derecho constitucional, no es más que una de las formas en que se manifiesta el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad de los individuos quienes se desplazan en función de sus necesidades y aspiraciones personales. (Sentencia de la SPA N° 1352 del 5 de noviembre de 2008).  En el caso concreto, la lesión a nuestro derecho al libre tránsito en realidad se cristaliza por la conducta permisiva y tolerante de las autoridades, a quienes exigimos a través del presente amparo que cumplan con las competencias constitucionales y lleven a cabo las medidas necesarias, a fin de garantizar nuestro libre tránsito y acceso a nuestro trabajo. Razón por la cual exigimos a los órganos de seguridad del Estado denunciado como (…) que hagan uso de sus competencias constitucionales, a fin de que se restablezca nuestro derecho al libre tránsito.  (omissis)  Por otra parte, el artículo 55 de la Constitución obliga al Estado a través de los órganos de seguridad y específicamente de aquellos denunciados como (…) en este escrito a velar por la protección de toda persona frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su integridad física.  En efecto, el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:  “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.  La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.  Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”.  Dicha norma prevé la protección de la ciudadanía como una obligación del Estado, que debe cumplir mediante el establecimiento de una organización adecuada, cuya actividad deberá enmarcarse dentro de una serie de principios constitucionales que permitan el goce pacífico de los derechos y garantías consagradas en la Constitución.  Es el caso, que por las razones antes indicadas existe una clara situación de riesgo y siendo que el Estado está obligado a velar por nuestra integridad física, solicitamos por medio del presente amparo se tomen todas las medidas necesarias, a fin de que se nos garantice el señalado derecho constitucional.   (omissis)  Finalmente, pedimos que por vía de la presente acción se inste al Comandante General de la Guardia Nacional, así como al Director de la Policía Nacional Bolivariana a que tomen las medidas necesarias para hacer cesar la violación a nuestro derecho al trabajo, tomando en cuenta que el artículo 89 constitucional impone al Estado la obligación de disponer lo necesario para mejorar las condiciones de los trabajadores.  Sobre el componente social de este derecho, cabe acotar, lo siguiente:  “La protección que el Estado brinda a sus ciudadanos a fin de garantizarle el derecho al trabajo, no solo se ejerce mediante la estabilidad laboral sino que a través del mismo se provee la inserción del ciudadano en el sistema productivo y se le otorga una finalidad a su capacidad humana, alcanzando un desarrollo físico y cultural que le permite desenvolverse en la sociedad como un ciudadano productivo y capaz de garantizar su manutención y la de su núcleo familiar. De allí que, el derecho in commento haya sido considerado en nuestra Constitución como un hecho social, pues es a través de él como el Estado puede perfeccionarse y brindar una mayor satisfacción al conglomerado social. La protección que el Estado brinda al derecho contemplado en el artículo 89 constitucional, incide directamente en el contexto social , ya que permite que se produzca un alto índice de desempleo y una serie de inconvenientes colaterales socioeconómicos. (Vid. sentencia de la Sala Constitucional N° 2.150 del 3 de septiembre de 2002).  En consecuencia, es exigible a las autoridades denunciadas como (…) la protección de nuestro derecho al trabajo y para ello pedimos tomen las medidas necesarias para mejorar las condiciones de acceso a nuestros puestos de trabajo, sin que ello se torne una situación compleja o altamente riesgosa.  (omissis)  Como clara expresión del derecho a la tutela judicial efectiva y tomando en cuenta la urgencia del caso pido se adopte medida cautelar innominada en el sentido de que se ordene a los (…) realizar todas aquellas conductas dirigidas a impedir que tales concentraciones se lleven a cabo y con ello se violen los derechos constitucionales descritos en el presente escrito.  Para tales fines solicitamos se aplique el criterio contenido en la sentencia Corporación L’Hotels, C.A. del 24.03.00 emanada de la Sala Constitucional, conforme a la cual estas medidas deben dictarse sin un estricto cumplimiento de los requisitos tradicionales delimitados por el derecho procesal clásico.  En efecto, pedimos que con esta medida se ordene a la Comandancia General de la Guardia Nacional y a la Policía Nacional Bolivariana que adopten las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, así como impedir los actos convocados sin la debida autorización de las autoridades competentes y dirigidas claramente a impedir el normal funcionamiento de la señalada institución”.  II  COMPETENCIA  Corresponde a esta Corte pronunciarse respecto a su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional con medida cautelar innominada y en ese sentido, se aprecia que en cuanto a la competencia en materia de amparo constitucional de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1.659 de fecha 1º de diciembre de 2009, caso: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (ratificada en sentencia Nro 218 del 11-03-2015), declaró lo siguiente:  “...'Se aprecia conforme a lo dispuesto en los artículos citados del Código de Procedimiento Civil, que la competencia residual de las Cortes sólo opera ante falta de disposición legislativa que atribuya la competencia de manera expresa, en razón de lo cual, inclusive en materia de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer la nulidad, ya que la residualidad, es una norma supletoria que sólo opera ante la falta de la especificidad de la norma.`  En razón de lo anterior, la Sala debe reinterpretar el referido criterio, en el sentido de que estando atribuida la competencia por ley para conocer de los recursos de nulidad contra los actos administrativos, la competencia para conocer de los amparos constitucionales, le corresponden a dichos órganos jurisdiccionales, quedando en consecuencia la aplicación del referido criterio para aquellos casos donde no exista una competencia expresa de la ley, y en cuyo caso se tenga que recurrir a la competencia residual”. (Resaltado de esta Corte).  De la sentencia transcrita, se evidencia que para determinar la competencia de las Cortes de lo Contencioso Administrativo para el conocimiento de una acción de amparo constitucional, se hace necesario revisar las competencias que le han sido atribuidas conforme a la Ley.  El artículo 24 numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, establece la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de la siguiente manera:  “Artículo 24. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:  (…) Numeral 5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia”.  En consonancia con los artículos antes indicados, resulta menester traer a colación lo dispuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 218 de fecha 11 de marzo de 2015, mediante la cual declaró lo siguiente:  “…que el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), desarrolla e instrumenta la Política Nacional de Administración de Divisas, y por intermedio de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), tiene la misión de administrar con eficacia y transparencia, bajo criterios técnicos, el mercado cambiario nacional; y el Banco Central de Venezuela (BCV) como persona jurídica de derecho público, con autonomía para la formulación, y el ejercicio de las políticas de sus competencias, de naturaleza única e integrante del Poder Público -con potestad regulatoria-, contribuye al desarrollo económico nacional, por lo que es evidente que la competencia para conocer de cualquier acción, demanda o recurso contra los actos administrativos que de ellas emanen corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa.  Establecido lo anterior, esta Sala considera necesario reiterar en el presente fallo que la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas de forma autónoma viene determinada, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por dos criterios: el material y el orgánico.  (…Omissis…)  En ese orden, en primer grado de jurisdicción de amparo, se reconocía la competencia de los tribunales contencioso-administrativos regionales cuando el agravio constitucional proviniera de autoridades municipales y estadales y de las Cortes Contencioso-Administrativas cuando el agravio proviniera de cualquier autoridad nacional, cuyo control, en nulidad, no era propio de la Sala Político- Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.  (…Omissis…)  Ahora bien, la aplicación de las reglas de competencia de los tribunales contencioso administrativos, que regían para los casos de demandas de nulidad o abstención, sin duda, causaba distorsiones, al menos, desde la óptica del respeto al derecho constitucional al acceso a la justicia y a la obtención de una tutela judicial eficaz. El caso más notorio se presentaba con la incoación de amparos constitucionales contra una autoridad nacional con ubicación fuera de la región capital, cuyo control era propio de las Cortes Contencioso Administrativas.  En estos casos, salvo que el propio quejoso invocara la aplicación de la excepción a la regla de competencia en materia de amparo constitucional que recoge el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el juez natural para el conocimiento del amparo en primera instancia eran las Cortes Contencioso-Administrativas y no el tribunal contencioso administrativo regional que estuviera más cercano al lugar del acontecimiento del hecho lesivo. Así, sucedía, por citar sólo algunos casos, que cuando el supuesto agraviante era una universidad nacional -Universidad del Zulia o Universidad de Los Andes- o cuando el demandado era una autoridad nacional desconcentrada, el tribunal de primera instancia, naturalmente competente, no era el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Occidental, con sede en Maracaibo o el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de Los Andes con sede en Barinas, sino las Cortes Contencioso-Administrativas, que están ubicadas en Caracas.  (…Omissis…)  En el presente caso, se verifica el señalado criterio orgánico, pues la supuesta transgresión de los derechos constitucionales denunciados como vulnerados, viene dada por la presunta abstención de la Administración Cambiaria en dar respuesta a la solicitud de divisas solicitada por el accionante, lo que comporta una obligación de índole netamente administrativa atribuida a los entes presuntamente (…) antes mencionados, los cuales constituyen órganos integrantes de la Administración Pública Nacional, que no forman parte de la autoridades a que hacen referencia los artículos 23, numeral 5 y 25, numeral 3 de la mencionada Ley Orgánica, y el control de sus actos no se encuentra legalmente atribuido a otro Tribunal.  (…Omissis…)  En razón de lo anterior, la Sala debe reinterpretar el referido criterio, en el sentido de que estando atribuida la competencia por ley para conocer de los recursos de nulidad contra los actos administrativos, la competencia para conocer de los amparos constitucionales, le corresponden a dichos órganos jurisdiccionales, quedando en consecuencia la aplicación del referido criterio para aquellos casos donde no exista una competencia expresa de la ley, y en cuyo caso se tenga que recurrir a la competencia residual.(Subrayado de esta Corte).  De las normas legales anteriormente señaladas, y del criterio jurisprudencial supra referido, este Órgano Jurisdiccional observa que la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, no configuran ninguna de las autoridades indicadas en los artículos 23 numeral 5 y 25 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y habida cuenta que los accionantes adujeron que el objeto de su pretensión es que se ordene a estos órganos de control del orden público tomen las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, así como impedir los actos convocados (marchas, protestas, manifestaciones y concentraciones) por organizaciones políticas que puedan perturbar el normal funcionamiento de las sedes del Consejo Nacional Electoral, por lo que esta Corte se declara COMPETENTE para conocer y decidir la presente acción de amparo constitucional interpuesta con medida cautelar innominada. Así se declara.  III  MOTIVACIÓN PARA DECIDIR  Como punto previo, esta Corte observa que la pretensión de amparo constitucional ejercida cumple con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.  Visto lo anterior, este Órgano Jurisdiccional pasa a revisar la admisibilidad de la acción planteada, y a tal efecto observa que la misma no está incursa en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.  Siendo ello así, esta Corte ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta y, en consecuencia, ordena la notificación del Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y del Director de la Policía Nacional Bolivariana, así como las notificaciones a la ciudadana Fiscal General de la República, Procuraduría General de la República y al Defensor del Pueblo, para que concurran ante esta Corte a los fines de conocer la oportunidad en la cual será celebrada la audiencia pública oral correspondiente, la cual tendrá lugar dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes, a partir de la última notificación realizada, todo de conformidad con el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia Nº 7 dictada en fecha 1º de febrero de 2000, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (caso: José Amado Mejía Betancourt y José Sánchez Villavicencio). Así se decide.  Con respecto a la medida cautelar innominada, esta Corte para decidir observa:  Respecto al decreto de medidas cautelares innominadas en el procedimiento especial de amparo constitucional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia del 24 de Marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el Juicio de Corporación L´Hotels, C.A, ratificada en sentencias: No. 71 del 26 de Enero de 2001, No. 330 del 12 de Marzo de 2001, No. 561 del 18 de Abril de 2001, No. 962 del 05 de Junio de 2001, No. 1313 del 20 de Julio de 2001, No. 1740 del 20 de Septiembre de 2001, y No. 399 del 07 de Marzo de 2002, todas de la misma Sala Constitucional, reiteradamente ha sostenido que no se puede exigir el cumplimiento de los requisitos de procedencia de este tipo de tutela cautelar.  En efecto, en la primera de las citadas sentencias la Sala expuso:  “…A pesar de lo breve y célere de éstos procesos, hay veces en que se hace necesario suspender el peligro que se cierne sobre la situación jurídica que se dice infringida o evitar que se pueda continuar violando antes que se dicte el fallo del proceso de amparo; y dentro de un estado de derecho y justicia ante esa necesidad, el Juez del amparo puede decretar medidas precautelativas. Pero para la provisión de dichas medidas, y al menos en los amparos contra sentencias, al contrario de lo que exige el Código de Procedimiento Civil, al peticionario de la medida no se le puede exigir los requisitos clásicos de las medidas innominadas: fumus boni iuris, con medios de prueba que lo verifiquen; ni la prueba de un periculum in mora (peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo), como sí se necesita cuando se solicita una medida en base al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, donde también han de cumplirse los extremos del artículo 588 ejusdem, si se pide una cautela innominada”.-  Dado el poder cautelar general que ostenta el Juez Constitucional, para garantizar la tutela judicial efectiva del derecho de los justiciables, debe verificarse si en determinado caso resultan vulnerados o amenazados los derechos constitucionales invocados por la parte actora.  Ahora bien, en el presente caso los accionantes requieren que esta Corte ordene a las autoridades antes mencionadas que tomen las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, así como impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones y manifestaciones violentas, convocados por las organizaciones políticas y civiles, que puedan perturbar el normal funcionamiento de las sedes del referido ente comicial a nivel nacional, para ello invocan la protección de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 50, 55, y 89 de la Constitución.  Al respecto, esta Corte observa de los elementos aportados con la solicitud de amparo que en esta fase se presume una amenaza al ejercicio de los derechos constitucionales invocados relativos al derecho al libre tránsito, a la protección por parte del Estado de la integridad física de las personas, así como el derecho al trabajo como hecho social (artículos 50, 55 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), del expediente se puede presumir en esta fase cautelar que las convocatorias no autorizadas de marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, en las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus adyacencias, a nivel nacional, limitan el ejercicio de los derechos antes mencionados que pudieran poner en riesgo otros derechos fundamentales como la vida y dar origen a una situación de perturbación psicológica de la colectividad en general, en especial, a los trabajadores y Rectores del Consejo Nacional Electoral. Así mismo, de los recaudos se aprecia que los accionantes son trabajadores adscritos al Consejo Nacional Electoral.  Corrobora lo expuesto, la circunstancia que en el día de hoy ha sido difundido en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, como un hecho notorio noticioso, las agresiones sufridas por los miembros de los órganos de seguridad por parte de los manifestantes convocados a estas concentraciones contra el Consejo Nacional Electoral, de lo cual se presume que los accionantes, trabajadores en general y Rectores, corren el riesgo de ser víctimas de acciones similares.  Visto lo anterior, esta Corte declara PROCEDENTE la medida cautelar innominada y en consecuencia, ORDENA:  PRIMERO: AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA y al DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA, adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles, que puedan limitar el acceso de los trabajadores y perturbar el normal funcionamiento de las sedes del Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional.  SEGUNDO: Se insta a las autoridades municipales para que en el marco de las competencias relativas al otorgamiento de permisos, cumplan con los requisitos legales a fin de evitar concentraciones violentas.  Finalmente, esta Corte INSTA al Poder Ejecutivo Nacional a evaluar, conforme al artículo 47 y 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la declaratoria de zonas de seguridad de los espacios adyacentes a las sedes del Poder Electoral, en todo el país.  IV  DECISIÓN  Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:  1.- Su COMPETENCIA para conocer de la acción de amparo constitucional ejercida con medida cautelar innominada por los ciudadanos Alejandra Pantoja Román, Gustavo Rivero Castañeda, Hilda Mercedes Espinoza Quintero, Roberto Ruiz y Lacides Suárez, titulares de las cédulas de identidad números 13.951.164, 6.978.897, 13.069.446, 19.084.634 y 7.929.583, respectivamente, actuando con el carácter de funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), debidamente asistidos por el abogado Erickson Laurens, titular de la cédula de identidad N° V-10.672.248, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 63.012.  2.- ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida, y ordena la tramitación del procedimiento conforme a lo establecido en la sentencia N° 7 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1° de febrero de 2000.  3.- En resguardo de los derechos invocados y para favorecer un ambiente de paz social y ciudadana, así como prevenir una situación de perturbación psicológica de la colectividad en general, en especial, a los trabajadores y Rectores del Consejo Nacional Electoral, se declara PROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, en consecuencia, ORDENA:  3.1. PRIMERO: AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA y al DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL BOLIVARIANA, adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, a nivel nacional, a los fines de impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles, que puedan limitar el acceso de los trabajadores y perturbar el normal funcionamiento de las sedes del Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional.  3.2. Se insta a las autoridades municipales para que en el marco de las competencias relativas al otorgamiento de permisos, cumplan con los requisitos legales a fin de evitar concentraciones violentas.  4.- Se INSTA al Poder Ejecutivo Nacional a evaluar conforme al artículo 47 y 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la declaratoria de zonas de seguridad de los espacios adyacentes a las sedes del Poder Electoral.  Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a los ciudadanos Presidente de la República, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, al Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo y al Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador, por estar ubicada la sede principal del ente electoral en el Municipio a su cargo. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.  Dada, sellada y firmada en la Sala de Sesiones de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.  El Presidente,  ELEAZAR ALBERTO GUEVARA CARRILLO  Ponente  El Vicepresidente,  FREDDY VÁSQUEZ BUCARITO  El Juez,  VICTOR DÍAZ SALAS  La Secretaria,  JEANETTE M. RUIZ  EXP. N° AP42-O-2016-000021  EAGC  En fecha _________________ ( ) de ___________________ de dos mil dieciséis (2016), siendo la (s) _____________ de la ________________, se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° _____________________.  La Secretaria.

http://jca.tsj.gob.ve/DECISIONES/2016/MAYO/1478-18-AP42-O-2016-000021-2016-0120.HTML

ASAMBLEA NACIONAL NEGÓ DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA

17-05-2016 20:07:16 Periodista:Prensa AN Fotografo:Arles Arcia

Este martes, en Sesión Especial, la Asamblea Nacional negó con los votos de los diputados  de la Bancada de la Unidad, el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica emitido el pasado viernes 13 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Asimismo, durante esta misma sesión, se aprobó un Acuerdo presentado por el Primer Vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez (Unidad/Zulia).  Cabe destacar que en este documento se contempla la desaprobación del Decreto N° 2.323 del 13 de Mayo, de 2016, así como denunciar que el mismo profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela. A través del mencionado Acuerdo se insta a las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mercosur y Unasur, para que contribuyan, junto a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la democracia y el estado de derecho que está siendo llevado por el presidente de la República y las instituciones que están a su servicio. Dicho Acuerdo además estipula exigir al presidente de la República que se someta a la Constitución y que promueva, en el marco de las disposiciones constitucionales y de manera respetuosa con las funciones que el pueblo otorgó a esta Asamblea Nacional, las medidas que conduzcan a una verdadera rectificación de la política económica y el fortalecimiento de los valores democráticos. Debate Durante el debate de este martes en horas de la tarde intervinieron 12 diputados, 7 del Bloque de la Unidad y 5 del Bloque del Gran Polo Patriótico: Julio Borges (Unidad/Miranda), Américo de Gracia (Unidad/Bolívar), Eustoquio Contreras (GPP/Guárico), Julio Cesar Reyes (Unidad/Barinas), Gilberto Pinto (GPP/Sucre), José Simón Calzadilla (Unidad/Aragua), Mariana Lerin (GPP/Portuguesa), Jesús Florido (Unidad/Lara), Ricardo Sanguino (GPP/Táchira), Enrique Márquez (Unidad/Zulia), Elías Jaua (GPP/Miranda) y Henry Ramos Allup (Unidad/Dtto.Capital). Destacó el diputado Julio Borges que la Venezuela de hoy presenta cifras muy graves: 3/4 partes de la población está en pobreza, el 75%  tiene la necesidad de ver cómo logra con el salario mínimo comprar la cesta básica,  por lo menos 10 o 15 salarios, si la inflación o el desabastecimiento se lo permite. Y la otra cifra, es que cada 28 minutos, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público dadas por la Fiscal, asesinan a un venezolano. "Este Decreto del día de hoy lamentablemente lo que viene es a agravar esa cifras de pobreza, esa cifra de escases y de costo de la vida y la violencia en el país, es increíble pero en el decreto ni en sus considerandos, la palabra inseguridad no está mencionada ninguna vez, ni alto costo, ni la palabra corrupción existe. Lo que sí esta presente es el interés de la perpetuación del poder”, dijo Borges. El diputado Eustoquio Contreras (GPP/Guárico) recordó el contexto histórico, jurídico y político de los estados de excepción. Dijo que durante los períodos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, se prohibieron derechos fundamentales como la libertad, la seguridad personal, el libre tránsito, las reuniones, la libre expresión, la manifestación y la libertad privada. “Al menos  21 decretos fueron remitidos para controlar la situaciones de emergencia y los movimientos sociales y militares entre 1960 y 1998. Este Decreto de Estado de Excepción es para garantizar el orden, la disciplina y la paz de este país", destacó Contreras. Durante su intervención el diputado Julio Cesar Reyes (Unidad/Barinas), destacó que el gobierno debe convocar a todos los sectores productivos y juntos hacer de este país lo mejor. El diputado Gilberto Pinto (GPP/Sucre) dijo que hoy la derecha neofascista continúa promoviendo la injerencia extranjera y la cúpula de los más conservadores. Este decreto lo que persigue es proteger la soberanía nacional, el estado democrático ante las agresiones del imperialismo y los lacayos de la derecha adeco burguesa. Pinto se refirió a los diputados que viajaron recientemente a los Estados Unidos. "La derecha neofascista de manera planificada lo que ha hecho es dirigir un plan para descalificar las instituciones venezolanas, vergüenza da cuando van al exterior a predisponer al país". "La derecha está jugando a salir del presidente de la República", precisó Pinto. Por su parte el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla (Unidad/Aragua) destacó que la Constitución dice que existen tres tipos de excepciones, la estado de alerta, el de emergencia económica y el de conmoción interna o externa y tiene que ver con una guerra o un conflicto interno en desarrollo. “Es una burla que nos digan que necesitan otro estado  de emergencia económica. En enero la inflación estaba sobre 100% y actualmente en 400%”, precisó el parlamentario no sin antes recordar que las reservas internacionales están en 12 mil millones de dólares, lo que indicia que el Estado en materia económica fracasó. Se preguntó, además, lo siguiente: De que sirvió ese decreto de emergencia? “Este nuevo decreto de estado de excepción es  violatorio de la constitución. Vamos a seguir junto al pueblo para defender la Constitución", dijo luego de denunciar que con este decreto existe la posibilidad de que se profundice la violación de derechos humanos. Enfatizó que un demócrata en el ejercicio del poder se conoce cuando está en minoría y es capaz de medirse, hoy este gobierno como sabe que está en minoría, esta desconociendo la Constitución. "Estamos pidiendo que nos contemos y que el pueblo decida y vamos a la calle a exigir que se respete la soberanía", acotó Márquez. El diputado Luis Florido (Unidad/Lara) resaltó que el gobierno de ustedes nadie lo está tumbando se está cayendo solo y se está cayendo porque el pueblo está en problemas y nadie hace nada. Si nos reunimos. "Le dijimos a  los americanos que respeten a Venezuela pero que a los corruptos en cualquier parte del mundo, hay que cercarlos". Florido hizo un llamado a Álvaro Uribe para que deje tranquilo a Venezuela, ya que "con el colombiano que tenemos aquí basta". Agregó que ese decreto tiene el objetivo de convertir a Venezuela en un país donde no se respeten los derechos y en un país del autogolpe “y por ello los diputados  que están comprometidos con Venezuela tenemos la tarea de preservarla democracia y lo seguiremos haciendo por el escenario internacional”. Este decreto no puede aprobarse porque no protege al pueblo, no da soluciones y habla de una injerencia extranjera cuando no resuelve los problemas de los venezolanos. Entretanto, el diputado Ricardo Sanguino (GPP/Táchira) dijo que ellos (opositores) son los que se oponen a que se aprueben las medidas para  proteger al pueblo. Agregó que ha habido una actitud hostil de diputados de la oposición y que muchos participaron en  el golpe de abril del 2002 y en guarimbas. Lo que queremos con este decreto es lograr la estabilización económica para preservar los logros sociales. Vamos a defender el decreto para beneficio del pueblo. El primer vicepresidente de la institución, diputado Enrique Márquez (Unidad-Zulia), manifestó que el debate se realiza en un país que vive en una grave crisis  y en un momento que hubo intento de saqueo en Guarenas y el pueblo está sometido a una presión social. "Lo que ocurre no tiene precedentes en la historia de Venezuela, tamaña tarea tienen los diputados del Psuv de defender los desaciertos del gobierno", acotó. Añadió que seguirán en la calle para presionar al CNE para que liberen la prisión a la que tienen sometido el referéndum."Es un derecho constitucional que no puede ser violado”. Este decreto repite los mismos errores del que fue emitido  anteriormente en materia económica. El mismo esconde el desmantelamiento de la Constitución, desmantelamiento que ha contado con la complicidad del Presidente Maduro y del TSJ. Añadió que detrás  del decreto se esconde el totalitarismo y la crisis. Entretanto el diputado Elías Jaua (GPP/Miranda), manifestó que la bancada opositora está llena de traidores y lacayos. Denunció el llamado a intervención que, según él, han mantenido varios líderes de la oposición en el mundo al alegar que existe "una supuesta crisis alimentaria" en Venezuela. "Con este decreto, el presidente está evitando la guerra civil que el Imperialismo y ustedes promueven en Venezuela", sostuvo el parlamentario durante el debate en la sesión parlamentaria de este martes. Jaua acusó a la bancada opositora de legislar "sin pueblo". "No es competencia de esta Asamblea Nacional promover una salida del presidente constitucional", insistió Jaua. Manifestó que la oposición ha desarrollado una matriz de opinión internacional acerca de una crisis humanitaria que puede llevar a una intervención. Ramos Allup cerró el debate Finalmente el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup (Unidad-Dtto. Capital), al cerrar el debate recordó que el presidente Hugo Chávez no decretó Estado de Excepción ni siquiera en el 2002, durante el paro petrolero porque contaba con el apoyo popular; situación distinta a la que vive actualmente el jefe de Estado, Nicolás Maduro y que lejos de construir fortaleza, este decreto revela debilidad. Ramos Allup destacó que el Gobierno viola, transgrede y trata de desconocer al Poder Legislativo, porque no lo puede controlar. Aseguró que el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica está desaplicando la Constitución Nacional. "El gobierno viola, transgrede y trata de desconocer a este poder porque no lo puede controlar". Ramos Allup dijo que el 80% de los venezolanos considera que el presidente Nicolás Maduro es responsable de la crisis política y económica que existe en el país y "debe salir inmediatamente" del poder. Señaló que muchos de los dirigentes del oficialismo declararán ante Estado Unidos para que les sea perdonado "lo que han robado". Dijo que cuando el Embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, hable y diga todo lo que sabe, "el Gobierno se va a hacer añicos". “Rafael Ramírez está siendo investigado por el Parlamento por supuestas irregularidades durante su gestión como ministro de Petróleo y Minería”, dijo el parlamentario. También se refirió al tema de los militares, señalando pongan cuidado en lo que sucede en la FANB no vaya a ser que los sorprendan con un madrugonazo. "Y yo no creo en militares haciendo política, yo creo que deben estar en los cuarteles cumpliendo su labor", enfatizó el presidente del parlamento. Ramos Allup reiteró su posición frente a la crisis del país: "Estos que estamos aquí somos los que vamos a salvar la institucionalidad de un país, frente al golpe que nos están dando". PSUV salvó su voto Cabe destacar que al finalizar el debate en torno al Proyecto de Acuerdo sobre el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el diputado Pedro Carreño, del Gran Polo Patriótico, intervino para dejar constancia de que los diputados miembros de su bancada salvaban su voto por considerar que el mismo viola el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. De inmediato el Secretario de la institución tomó debida nota de lo expresado por el diputado Carreño. Seguidamente el  presidente de la institución, diputado Henry Ramos Allup, sometió a votación el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica emitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el mismo resultó negado por la Bancada de la Unidad y aprobado por la Bancada del GPP. Es importante recordar que éstos ahora no tienen los votos suficientes para lograr la aprobación unánime de cualquier materia que se someta a consideración de la plenaria. El diputado Pedro Carreño, a pesar de haber votado a favor del referido Decreto,  volvió a intervenir con la finalidad de decir que el debate que se llevó a cabo durante la tarde de este martes viola el artículo 339 de la Constitución Nacional debido a que el documento aún no ha sido remitido al Poder Legislativo. “Por lo tanto nos reservamos las acciones legales”, indicó el parlamentario. Maritza Villarroel y Jessyca Herrera / Prensa AN

Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica

Doce artículos lo componen y, entre otras disposiciones, otorga potestades de vigilancia y mantenimiento del orden público a los CLAP; el posible establecimiento de "límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana"; la restricción de algunas operaciones y transacciones comerciales y la probable suspensión del porte de armas.

Caracas.- Bajo el número 2.323, apareció publicado el “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 de fecha viernes 13 de mayo, mismo día que fue anunciada y firmada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En el cuerpo del documento se señala que este Decreto tendrá una vigencia de 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, prorrogables por 60 días más. Asimismo, especifica que entró en vigencia desde su publicación en el mismo instrumento de divulgación, y que tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como la Asamblea Nacional tienen cada una 8 días para que se pronuncien sobre su constitucionalidad la primera y su consideración y aprobación la segunda.

El Artículo 1 del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” se lee:

“Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, el Orden Constitucional, la paz Social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida”.

Posteriormente en el Artículo N° 2 especifica una amplia cantidad de medidas para que el Ejecutivo Nacional dicte lo que considere conveniente en lo que tiene que ver, entre otros asuntos, con:

-La producción, distribución y comercialización de insumos y bienes de primera necesidad destacando de esto “el combate de conductas económicas distorsivas como el ‘bachaqueo’, el acaparamiento la usura y el boicot.

-La nueva atribución a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los Consejos Comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular para que junto a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos policiales velen por el mantenimiento del orden público garantizando con ello la seguridad y soberanía del país.

-El ajuste del horario de la jornada laboral, tanto en el sector público como en el privado, como consecuencia de los efectos de los fenómenos climáticos.

-El área energética, urgiendo las medidas necesarias para la recuperación del parque de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

-La seguridad interna de la nación, a través del sostenimiento del orden público ante acciones “desestabilizadoras”.

-Medidas especiales en “el orden de la política exterior de la República que garanticen el ejercicio de la soberanía nacional e impidan la injerencia extranjera en los asuntos internos del Estado venezolano”.

En el artículo 3 de este Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica igualmente se autoriza al Presidente de la República “a dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime conveniente a las circunstancias”.

En el artículo 4 indica que el Ministerio con competencia en el área de banca y finanzas podrá coordinar con el Banco Central de Venezuela la determinación de “límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como las restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales y financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país."

Contempla además el artículo 5 la posible suspensión temporal del porte de armas en el territorio nacional, con el objetivo de “garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos”. Se exime de esta medida el porte de armas orgánicas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Más adelante, en el artículo 7, se lee que son el Poder Judicial y el Ministerio Público los responsables de realizar las actividades propias de sus competencias para garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la ejecución de este decreto.

Y en el artículo 11 dicta que son el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros del Poder Popular los encargados de ejecutar todas las medidas anteriores.

The right to be yourself at work

"Today, on this International Day I would underline the fundamental importance of social justice and decent work as a key element of positive mental health and well-being of LGBT persons, and an essential expression of LGBT rights," says ILO Director-General Guy Ryder.

© CJF20

This year, the theme for the International Day against Homophobia and Transphobia is mental health and well- being. This is particularly relevant as 26 years ago today, the World Health Organization declassified homosexuality as a psychiatric disorder. This was a significant turning point and prefaced many positive developments for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) rights, not least that today over 60 ILO member States explicitly prohibit discrimination at work on the grounds of sexual orientation and gender identity. 

Research undertaken by the ILO and other agencies indicates that the vast majority of LGBT workers keep their sexual orientation a secret, often resulting in considerable stress, depression and loss of productivity. However, people who have come out at work have fewer symptoms of anxiety, depression and burnout. And a central factor in the decision to come out at work is a supportive environment with proactive diversity and inclusion policies in place. 

In September 2015 the ILO, along with several United Nations organizations issued a joint statement entitled: “Ending violence and discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex people”. This statement opened with a simple but powerful declaration: “All people have an equal right to live free from violence, persecution, discrimination and stigma.”

The global community has continued to reinforce the commitment to addressing all forms of discrimination, through the adoption of the 2030 Sustainable Development Agenda, which is premised on the principle of “no one left behind”, providing a clear mandate for the promotion of LGBT workers’ rights. 

But much work remains to be done. Despite the clear progress since 1990, the deplorable idea that being LGBT is a “sickness” that needs to be cured persists in many countries and workplaces. 

That LGBT workers are criminalized and pathologized for simply being who they are should belong to the past. The ILO’s social justice mandate means promoting employment in conditions of freedom, equity, human security and dignity for all workers. And today, on this International Day I would underline the fundamental importance of social justice and decent work as a key element of positive mental health and well-being of LGBT persons, and an essential expression of LGBT rights.

Desempleo en América Latina y el Caribe aumentaría en 2016

Informe conjunto advierte sobre un aumento de la tasa de desocupación urbana en más de medio punto porcentual este año. El desempeño laboral de la región se abordará en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que se realizará en México este mes.

© R. Golinelli / Bioversity International

SANTIAGO DE CHILE – La evolución de los mercados laborales en América Latina y el Caribe durante 2016 será en general negativa, debido a la previsión de un contexto macroeconómico y de crecimiento más deteriorado que el año pasado y al debilitamiento de algunos indicadores de empleo, advierten la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe conjunto difundido hoy.

Los organismos de las Naciones Unidas señalan en una nueva edición de Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe  que estos factores, en especial el bajo dinamismo en la generación de empleo, llevarían a un incremento del desempleo urbano de más de medio punto (0,5) porcentual en 2016 con respecto a 2015.

“El proceso de continua mejora de los indicadores laborales que benefició a la región durante gran parte de los últimos 15 años se frenó en un contexto macroeconómico global más desfavorable”, indican Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y José Manuel Salazar, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, en el prólogo del documento. 

“Esto subraya la importancia de medidas no solo para mitigar los efectos de la crisis en el corto plazo, sino también para enfrentar las brechas y rezagos de más largo plazo, tales como la poca diversificación productiva, las brechas de productividad, la alta informalidad y la desigualdad”, agregan.

El Director Regional de la OIT será uno de los participantes especiales en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, que se realizará en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo. Durante el evento, Salazar expondrá en la mesa redonda sobre la dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contempla una serie de objetivos relacionados específicamente con crecimiento inclusivo y trabajo decente. 

El informe CEPAL-OIT realiza un balance del desempeño de los mercados laborales de América Latina y el Caribe en 2015. Indica que, principalmente como resultado de la leve contracción del producto interno bruto (PIB) regional, ese año la tasa de desempleo promedio registró su primer aumento desde 2009, al pasar de 6,0% en 2014 a 6,5% en 2015.

Este aumento fue producto de una mayor entrada de buscadores de empleo al mercado de trabajo en comparación con años anteriores, quienes no encontraron la cantidad necesaria de puestos de trabajo. Esto fue consecuencia de una débil generación de empleo asalariado como resultado del bajo dinamismo de la actividad económica, agrega el estudio. 

Más autoempleo

Además, a nivel regional se registró un deterioro de la calidad del empleo, dado que en vista de la falta de suficientes puestos de trabajo asalariado, se expandió el trabajo por cuenta propia, generalmente de menor calidad. 

Según el documento, la debilidad en la generación de empleo en 2015 se expresó en la tercera caída anual consecutiva de la tasa de ocupación (en 0,4 puntos porcentuales), la cual implicó una reducción del número de perceptores de ingresos laborales por hogar. Esta caída en los ingresos ha jugado un papel importante en el aumento de la pobreza estimado para 2015 (a 29,2% de los habitantes de la región, de acuerdo con últimas proyecciones de la CEPAL).

Sin embargo, CEPAL y OIT recalcan que el deterioro de los indicadores de empleo y desempleo no es un fenómeno generalizado en la región. 

En 2015, solo en siete de 19 países de América Latina y el Caribe la tasa de desempleo aumentó, mientras que en nueve cayó y en otros tres se mantuvo prácticamente estable. En general, en los países de Centroamérica, México, República Dominicana y las naciones del Caribe la evolución del mercado laboral fue más favorable que en América del Sur, cuyo desempeño se vio afectado por el impacto del contexto externo en su actividad económica y la inflación, entre otros factores.

En la presente edición de Coyuntura laboral se analiza además la evolución del empleo en las áreas rurales de los países de la región entre 2005 y 2014 con el fin de identificar si las mejoras observadas en este período para los mercados laborales en su conjunto también se registran en estas zonas, y si las brechas respecto a las áreas urbanas se redujeron. 

Los datos disponibles muestran que las áreas rurales sí se beneficiaron de las mejoras respecto a los indicadores de cantidad y calidad del empleo en el total regional. Sin embargo, las brechas urbano-rurales no se achicaron.

Sobre este tema, el informe concluye que para avanzar en la reducción de los déficits de trabajo decente en las áreas rurales es indispensable una mayor modernización y diversificación productiva, además de mejoras de la productividad del sector agropecuario. Además se recomienda fortalecer las instituciones laborales para contribuir a la formalización del empleo rural, mejorar la protección social, un mayor cumplimiento del salario mínimo y otras normas del trabajo, así como disminuir los obstáculos para la inserción laboral de las mujeres y jóvenes rurales.

con información de: http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_480328/lang--es/index.htm

1er. CEN de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, Valencia del 17 al 19 de Marzo de 2016

 

En Venezuela más de la mitad de los trabajadores del sector público no cuentan con los beneficios que estipula una contratación colectiva, según denuncian desde la Alianza Sindical Independiente.

Durante el Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores en Valencia, detallaron que más de un millón de empleados de la administración pública no goza de los derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución Nacional y en convenios internacionales.

“Venezuela tiene dos millones 888 mil trabajadores públicos y un millón 430 mil están fuera de nómina, subcontratados, tercerizados, con empleos precarios y sin derechos. Venezuela es el país con el mayor número de empleados precarizados en la administración pública de América Latina”, detalló el Presidente de la Alianza Sindical Independiente, Carlos Navarro.

Navarro indicó además que en el país alrededor de siete millones de personas trabajan sin derechos y seguridad social. En la actividad participaron representantes de la Central Sindical de las Américas a fin de conocer la realidad nacional sobre el deterioro que, aseguran, atraviesa el salario mínimo en Venezuela.

“Venezuela no es un país para tener el salario mínimo más pequeño de América Latina, nuestro salario mínimo está por encima de 50 dólares y en Haiti está en 90 dólares. El salario mínimo en Bolivia está en 209 dólares, vivimos una situación compleja y difícil”, condenó Navarro.

Recientemente la directiva de la mencionada Alianza sostuvo reuniones con autoridades de la Vicepresidencia y del Ministerio del Trabajo a fin de discutir temas de la realidad. Esperan en los próximos días lograr acuerdos para mejorar este sector de la economía nacional.

Saquean Alcaldía y sede Pdval en Timotes, Mérida

Desde tempranas horas de la tarde 
inició el atentado a ambas instalaciones

Gráficas: Raúl Segovia
Diario Los Andes
Raúl Segovia.-

“No hay comida, tenemos un mes sin comprar alimentos básicos, el alcalde Concepción Rivera es un mentiroso”, eran los gritos de decenas de personas furiosas, que sin control saquearon todo a su paso. El pueblo, capital del municipio Miranda, perdió el control destrozando una sede de Pdval y el edificio municipal.

Trascendió que el mandatario local prometió el pasado 10 de mayo la venta de comida para el día siguiente. La comida no fue expendida como fue anunciado, y en horas de la tarde, en grupo fueron a la alcaldía al exigir al alcalde respuestas y enardecidos tumbaron los portones de Pdval para saquearlo. La gente en medio de la conmoción, cargó con todo. Hasta golpes se dieron por pañales, leche, harina y cuanto producto era escaso.

Los testigos cuentan que había de todo por bulto, pero el abasto popular estaba cerrado. El gobierno local le mintió al pueblo y la reacción fue la violencia y el vandalismo. Eran unos 150 personas, un poco más de 50 tenían los rostros cubiertos, querían quemar el edificio municipal.

Un piquete de la GN no dio basto, la furia de los protestantes los rebosó. Un militar es casi linchado al ser acorralado por la turba. El hombre fue rescatado por otros vecinos para evitar que lo mataran. El oficial quedó malherido. Los policías se resguardaron en su unidad, que está a lado de la alcaldía, una moto fue incendiada. Por más de dos horas entre cinco y siete de la noche de ayer, le cayeron cayeron piedras y bombas molotov al edificio.

Los vecinos rescataron a cinco empleadas de la alcaldía que estaban atrapadas en medio de la lluvia de piedras. El segundo saqueo ocurrió a eso de las 6:45 pm., el objetivo era el palacio municipal. Unas 80 personas cargaron con todo. Había comida, cauchos, baterías, verduras, computadoras, material de papelería, computadoras, equipo digitales, sillas, cámaras, impresoras, lavaplatos, pocetas, cafeteras. La gente cargo con todo. La alcaldía quedó destrozada, acabada. Los documentos y el archivo destruido

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