EL RIESGO DE SER CRÍTICO AL GOBIERNO DE VENEZUELA

Carlos Díaz es un trabajador de la empresa estatal Televisora Venezolana Social (TVES) creada por el gobierno con los equipos que confiscó a la televisora RCTV. El junto a otros compañeros intentaron crear una organización sindical. La respuesta de la empresa fue despedirlos no respetando el fuero sindical que protege a quienes están en proceso de constituir un sindicato.

Orangel Palma es un sindicalista de la empresa Siderúrgica del Orinoco, un de las empresas metalmecánicas más grandes de América. Organizó varias protestas exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva y ha sido públicamente una voz crítica a la gestión de gobierno en esa empresa. Fue despedido. 

Haydee Arvelaiz era una trabajadora del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) por atreverse a firmar para que se activara el revocatorio del mandato presidencial fue despedida. Junto a ella 200 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. 

Braulio jatar es un periodista director del portal informativo Reporte Confidencial. A través del portal difundió videos enviados por la comunidad de Villa Rosa en el estado Nueva Esparta donde se veía como muchas personas humildes tocaban cacerolas contra el presidente Nicolás Maduro quien visitó ese sector popular. Por difundir tales videos fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A pesar que las más de 20 personas detenidas por tocar cacerolas fueron puestas en libertad 16 horas después, al periodista se le dejó encarcelado.

El 01 de septiembre de 2016 se organizó una manifestación convocada por partidos de oposición y organizaciones sociales. El Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez reiteró que en el Municipio Libertador no se permitían las manifestaciones críticas al gobierno, que era un territorio libre de fascismo.

En Venezuela existe una política de gobierno de promover y practicar la discriminación política. Ser disidente tiene sus consecuencias y riesgos. Además de los despidos que se multiplican a lo largo y ancho del país de aquellas personas que perteneciendo a la administración pública expresan su simpatía con el proceso revocatorio, se despide a personal de empresas que se atreve a expresar de manera pública su simpatía por opciones políticas distintas a los partidos de la alianza gubernamental. Junto a ello se usan los organismos policiales para perseguir y detener disidentes.

El Mayor General Luis Motta Domínguez, Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), expresó en diciembre de 2015 que “hoy me voy a radicalizar más que nunca y todo el que sea escuálido (opositor) fera de la corporación, fuera de la corporación” El para entonces ministro de Vivienda Ricardo Molina hoy Ministro de Transporte expresó: “Me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales (…) Al personal que forma parte de nuestras instituciones que políticamente esté en la acera del frente cero beligerancia, yo no acepto que nadie venga hablar mal de la Revolución, que nadie critique a Nicolás, no acepto militantes de partidos fascistas” El presidente de la República Nicolás Maduró expresó el 03.09.2016 al felicitar la graduación de un grupo de policías del denominado Comando Antiterrorista del Sebin expresó: “Vayan desde ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha…” En ese mismo saludo indicó “A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos,desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas (…)” En una evidente apología al odio y a la realización de ejecuciones extrajudiciales, el enemigo a derrotar según el Presidente son los grupos de la derecha.

Con tal discurso ante funcionarios del principal organismo de represión política en Venezuela, puede comprenderse el riesgo de ser identificado en Venezuela un activista político de la derecha… que para el gobierno puede ser un líder sindical, estudiantil, un activista de derechos humanos o un líder político de oposición.

Todo parece indicar que en Venezuela se continuará con las políticas de discriminación política y de persecución a quienes expresen opiniones que cuestionen la gestión de gobierno.

A pesar de los riesgos nuestro deber es mostrar la realidad al mundo y reivindicar la vigencia de los derechos humanos. 

 | Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) | N° 26 Agosto | 2016 |

VENEZUELA: Alianza Sindical Independiente: Resolución 1855 es engañosa

El Nacional / La central de la Alianza Sindical Independiente rechazó la resolución 1855 del Ministerio del Trabajo, publicada en  Gaceta Oficia l el 22 del presente mes, la cual establece que las empresas deberán, de manera obligatoria, "prestar" a sus trabajadores para que laboren durante 60 días, prorrogables, en "aquellas entidades que son objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su producción", y aseguró que se trata de una "forma de trabajo forzoso mediante el reclutamiento de personal coercitivo y engañoso".

En un comunicado, ASI señala que la resolución deja entrever que habrá riesgos de seguridad industrial para los trabajadores transferidos a las actividades del sector agroalimentario.

El texto de la medida dice: "Una vez cesada la suspensión tendrán (los trabajadores) el derecho de continuar prestando servicio en la entidad de trabajo originaria en las mismas condiciones de trabajo existentes para la fecha en que ocurrió aquella, salvo que por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o enfermedad común resultare discapacitado para desempeñar las funciones inherentes a su puesto de trabajo".

La alianza obrera denunció que el gobierno viola las recomendaciones de la 105ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, Suiza, en junio pasado, en la que se instó a las autoridades venezolanas a que genere e instrumente políticas "de empleo productivo y libremente elegido, en consulta tripartita a empleadores y trabajadores", lo que no se dio en la resolución.

Carlos López, dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, defendió la resolución del Ejecutivo y aseveró que el objetivo de la medida es activar el aparato productivo del país que está inactivo. "La resolución, como decreto del presidente, no es una esclavitud, es voluntaria. Los trabajadores que quieran moverse a trabajar para activar las empresas se mueven y tendrán sus derechos garantizados", aclaró el dirigente.

Janet Piñango, del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, afirmó que la medida "cosifica al ser humano" al tratar a los trabajadores como mercancía y ser prestados para cumplir labores no propias de su área y sin su consentimiento. "Los trabajadores tienen el derecho de decidir si quieren trabajar en un sitio o no", añadió.

La dirigente abordó el tema de los recursos oficiales para cubrir los salarios de los trabajadores trasladados de las empresas privadas a las actividades agroalimentarias del gobierno. "¿La administración pública nacional tiene un presupuesto asignado o será que se desviarán fondos para cancelar el sueldo de estos trabajadores?".



Con Información de El Nacional

Acceso a la Justicia: Aumento de salario discrimina a los más vulnerables

El gobierno acaba de anunciar un nuevo aumento del salario mínimo y de la base de cálculo para los cestatickets, pero continúa sin tomar en cuenta a los pensionados del seguro social y a los jubilados en cuanto al beneficio del cestaticket, dejándolos en una situación de desventaja respecto del resto de la población. Para Acceso a la Justicia esta política viola los siguientes derechos constitucionales:

 El derecho a la igualdad consagrado en el artículo 21, porque trata de manera discriminatoria a los más vulnerables, cuando más bien la Constitución exige especial protección.

1. El derecho a una pensión o jubilación igual al salario mínimo urbano, establecido en el artículo 80, porque aunque parece igual, no lo es, al no contener el beneficio de alimentación, que es el que garantiza un salario mínimo vital y digno según lo requerido por el artículo 91.
2. El derecho a jubilarse o pensionarse al reducir en 2/3 partes el salario de los trabajadores activos que pasen a ser jubilados o pensionados, porque si se jubilan o pasan a ser pensionados, dejarán de recibir su salario integral mensualmente, que es de 65.056 y recibirán Bs. 22.576,72, al no reconocerles el cestaticket.
3. El derecho a una vejez digna de conformidad con el artículo 80.

Lo más alarmante es que la propia Sala Constitucional del TSJ en sentencia N° 327 de fecha 28/04/2016 manifestó con relación a la “Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados” aprobada por la Asamblea Nacional; que era constitucional pero inviable económicamente, pues consideró que el informe económico de la Asamblea Nacional no era válido, sino el del Ejecutivo, violando no sólo los derechos de los pensionados y jubilados, sino también el artículo 103, numeral 3 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.

 Para finalizar Acceso a la Justicia debe alertar que, aunque considera que debe aumentarse a los pensionados y jubilados como al resto de los trabajadores, esta política continua de aumento, pese a que es necesaria en una economía como ésta, no es la mejor. Desde 2013, año en que se inició este período presidencial, se han realizado nada menos que 13 aumentos de salario mínimo, es decir, 3 o más aumentos por año, cuando en el gobierno anterior, lo usual era hacerlo una o dos veces al año. Esto lo que nos dice es que más no es igual a mejor y que muchos aumentos no garantizan un mayor poder adquisitivo. Lo que se necesita con desesperación es un bolívar que realmente tenga capacidad de compra y no un montón de papel sin valor alguno.

 Es necesario entonces, por el bien de todos, que se termine de entender que garantizar el mínimo vital de la población no se decreta, del mismo modo que no se puede decretar el fin de una enfermedad. Se deben tener políticas económicas adecuadas para que los venezolanos puedan tener condiciones de vida dignas.

 ¿Y a ti venezolano cómo te afecta?

 Todos tenemos abuelos, padres y llegaremos además a ser adultos mayores con derecho a disfrutar de una jubilación digna y suficiente. También en el transcurso de nuestra vida podemos sufrir una contingencia que nos deje sin posibilidad de trabajar o percibir ingresos, bien por un estado de discapacidad, viudez, orfandad, etc. que nos obligue a pasar a ser pensionados. Todas estas situaciones hacen que quienes se encuentren en esa situación necesiten mayor protección que el resto de la población, pero las políticas económicas actuales no sólo no reconocen esto sino que por el contrario discriminan y empeoran la situación de nuestros jubilados y pensionados.