EL RIESGO DE SER CRÍTICO AL GOBIERNO DE VENEZUELA

Carlos Díaz es un trabajador de la empresa estatal Televisora Venezolana Social (TVES) creada por el gobierno con los equipos que confiscó a la televisora RCTV. El junto a otros compañeros intentaron crear una organización sindical. La respuesta de la empresa fue despedirlos no respetando el fuero sindical que protege a quienes están en proceso de constituir un sindicato.

Orangel Palma es un sindicalista de la empresa Siderúrgica del Orinoco, un de las empresas metalmecánicas más grandes de América. Organizó varias protestas exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva y ha sido públicamente una voz crítica a la gestión de gobierno en esa empresa. Fue despedido. 

Haydee Arvelaiz era una trabajadora del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) por atreverse a firmar para que se activara el revocatorio del mandato presidencial fue despedida. Junto a ella 200 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional. 

Braulio jatar es un periodista director del portal informativo Reporte Confidencial. A través del portal difundió videos enviados por la comunidad de Villa Rosa en el estado Nueva Esparta donde se veía como muchas personas humildes tocaban cacerolas contra el presidente Nicolás Maduro quien visitó ese sector popular. Por difundir tales videos fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). A pesar que las más de 20 personas detenidas por tocar cacerolas fueron puestas en libertad 16 horas después, al periodista se le dejó encarcelado.

El 01 de septiembre de 2016 se organizó una manifestación convocada por partidos de oposición y organizaciones sociales. El Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez reiteró que en el Municipio Libertador no se permitían las manifestaciones críticas al gobierno, que era un territorio libre de fascismo.

En Venezuela existe una política de gobierno de promover y practicar la discriminación política. Ser disidente tiene sus consecuencias y riesgos. Además de los despidos que se multiplican a lo largo y ancho del país de aquellas personas que perteneciendo a la administración pública expresan su simpatía con el proceso revocatorio, se despide a personal de empresas que se atreve a expresar de manera pública su simpatía por opciones políticas distintas a los partidos de la alianza gubernamental. Junto a ello se usan los organismos policiales para perseguir y detener disidentes.

El Mayor General Luis Motta Domínguez, Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), expresó en diciembre de 2015 que “hoy me voy a radicalizar más que nunca y todo el que sea escuálido (opositor) fera de la corporación, fuera de la corporación” El para entonces ministro de Vivienda Ricardo Molina hoy Ministro de Transporte expresó: “Me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales (…) Al personal que forma parte de nuestras instituciones que políticamente esté en la acera del frente cero beligerancia, yo no acepto que nadie venga hablar mal de la Revolución, que nadie critique a Nicolás, no acepto militantes de partidos fascistas” El presidente de la República Nicolás Maduró expresó el 03.09.2016 al felicitar la graduación de un grupo de policías del denominado Comando Antiterrorista del Sebin expresó: “Vayan desde ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha…” En ese mismo saludo indicó “A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos,desarmarlos, desarticularlos, abatirlos, antes de que actúen los terroristas (…)” En una evidente apología al odio y a la realización de ejecuciones extrajudiciales, el enemigo a derrotar según el Presidente son los grupos de la derecha.

Con tal discurso ante funcionarios del principal organismo de represión política en Venezuela, puede comprenderse el riesgo de ser identificado en Venezuela un activista político de la derecha… que para el gobierno puede ser un líder sindical, estudiantil, un activista de derechos humanos o un líder político de oposición.

Todo parece indicar que en Venezuela se continuará con las políticas de discriminación política y de persecución a quienes expresen opiniones que cuestionen la gestión de gobierno.

A pesar de los riesgos nuestro deber es mostrar la realidad al mundo y reivindicar la vigencia de los derechos humanos. 

 | Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) | N° 26 Agosto | 2016 |

The right to be yourself at work

"Today, on this International Day I would underline the fundamental importance of social justice and decent work as a key element of positive mental health and well-being of LGBT persons, and an essential expression of LGBT rights," says ILO Director-General Guy Ryder.

© CJF20

This year, the theme for the International Day against Homophobia and Transphobia is mental health and well- being. This is particularly relevant as 26 years ago today, the World Health Organization declassified homosexuality as a psychiatric disorder. This was a significant turning point and prefaced many positive developments for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) rights, not least that today over 60 ILO member States explicitly prohibit discrimination at work on the grounds of sexual orientation and gender identity. 

Research undertaken by the ILO and other agencies indicates that the vast majority of LGBT workers keep their sexual orientation a secret, often resulting in considerable stress, depression and loss of productivity. However, people who have come out at work have fewer symptoms of anxiety, depression and burnout. And a central factor in the decision to come out at work is a supportive environment with proactive diversity and inclusion policies in place. 

In September 2015 the ILO, along with several United Nations organizations issued a joint statement entitled: “Ending violence and discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex people”. This statement opened with a simple but powerful declaration: “All people have an equal right to live free from violence, persecution, discrimination and stigma.”

The global community has continued to reinforce the commitment to addressing all forms of discrimination, through the adoption of the 2030 Sustainable Development Agenda, which is premised on the principle of “no one left behind”, providing a clear mandate for the promotion of LGBT workers’ rights. 

But much work remains to be done. Despite the clear progress since 1990, the deplorable idea that being LGBT is a “sickness” that needs to be cured persists in many countries and workplaces. 

That LGBT workers are criminalized and pathologized for simply being who they are should belong to the past. The ILO’s social justice mandate means promoting employment in conditions of freedom, equity, human security and dignity for all workers. And today, on this International Day I would underline the fundamental importance of social justice and decent work as a key element of positive mental health and well-being of LGBT persons, and an essential expression of LGBT rights.