ASAMBLEA NACIONAL NEGÓ DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA

17-05-2016 20:07:16 Periodista:Prensa AN Fotografo:Arles Arcia

Este martes, en Sesión Especial, la Asamblea Nacional negó con los votos de los diputados  de la Bancada de la Unidad, el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica emitido el pasado viernes 13 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Asimismo, durante esta misma sesión, se aprobó un Acuerdo presentado por el Primer Vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez (Unidad/Zulia).  Cabe destacar que en este documento se contempla la desaprobación del Decreto N° 2.323 del 13 de Mayo, de 2016, así como denunciar que el mismo profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela. A través del mencionado Acuerdo se insta a las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA), Mercosur y Unasur, para que contribuyan, junto a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la democracia y el estado de derecho que está siendo llevado por el presidente de la República y las instituciones que están a su servicio. Dicho Acuerdo además estipula exigir al presidente de la República que se someta a la Constitución y que promueva, en el marco de las disposiciones constitucionales y de manera respetuosa con las funciones que el pueblo otorgó a esta Asamblea Nacional, las medidas que conduzcan a una verdadera rectificación de la política económica y el fortalecimiento de los valores democráticos. Debate Durante el debate de este martes en horas de la tarde intervinieron 12 diputados, 7 del Bloque de la Unidad y 5 del Bloque del Gran Polo Patriótico: Julio Borges (Unidad/Miranda), Américo de Gracia (Unidad/Bolívar), Eustoquio Contreras (GPP/Guárico), Julio Cesar Reyes (Unidad/Barinas), Gilberto Pinto (GPP/Sucre), José Simón Calzadilla (Unidad/Aragua), Mariana Lerin (GPP/Portuguesa), Jesús Florido (Unidad/Lara), Ricardo Sanguino (GPP/Táchira), Enrique Márquez (Unidad/Zulia), Elías Jaua (GPP/Miranda) y Henry Ramos Allup (Unidad/Dtto.Capital). Destacó el diputado Julio Borges que la Venezuela de hoy presenta cifras muy graves: 3/4 partes de la población está en pobreza, el 75%  tiene la necesidad de ver cómo logra con el salario mínimo comprar la cesta básica,  por lo menos 10 o 15 salarios, si la inflación o el desabastecimiento se lo permite. Y la otra cifra, es que cada 28 minutos, de acuerdo a las cifras del Ministerio Público dadas por la Fiscal, asesinan a un venezolano. "Este Decreto del día de hoy lamentablemente lo que viene es a agravar esa cifras de pobreza, esa cifra de escases y de costo de la vida y la violencia en el país, es increíble pero en el decreto ni en sus considerandos, la palabra inseguridad no está mencionada ninguna vez, ni alto costo, ni la palabra corrupción existe. Lo que sí esta presente es el interés de la perpetuación del poder”, dijo Borges. El diputado Eustoquio Contreras (GPP/Guárico) recordó el contexto histórico, jurídico y político de los estados de excepción. Dijo que durante los períodos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, se prohibieron derechos fundamentales como la libertad, la seguridad personal, el libre tránsito, las reuniones, la libre expresión, la manifestación y la libertad privada. “Al menos  21 decretos fueron remitidos para controlar la situaciones de emergencia y los movimientos sociales y militares entre 1960 y 1998. Este Decreto de Estado de Excepción es para garantizar el orden, la disciplina y la paz de este país", destacó Contreras. Durante su intervención el diputado Julio Cesar Reyes (Unidad/Barinas), destacó que el gobierno debe convocar a todos los sectores productivos y juntos hacer de este país lo mejor. El diputado Gilberto Pinto (GPP/Sucre) dijo que hoy la derecha neofascista continúa promoviendo la injerencia extranjera y la cúpula de los más conservadores. Este decreto lo que persigue es proteger la soberanía nacional, el estado democrático ante las agresiones del imperialismo y los lacayos de la derecha adeco burguesa. Pinto se refirió a los diputados que viajaron recientemente a los Estados Unidos. "La derecha neofascista de manera planificada lo que ha hecho es dirigir un plan para descalificar las instituciones venezolanas, vergüenza da cuando van al exterior a predisponer al país". "La derecha está jugando a salir del presidente de la República", precisó Pinto. Por su parte el segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla (Unidad/Aragua) destacó que la Constitución dice que existen tres tipos de excepciones, la estado de alerta, el de emergencia económica y el de conmoción interna o externa y tiene que ver con una guerra o un conflicto interno en desarrollo. “Es una burla que nos digan que necesitan otro estado  de emergencia económica. En enero la inflación estaba sobre 100% y actualmente en 400%”, precisó el parlamentario no sin antes recordar que las reservas internacionales están en 12 mil millones de dólares, lo que indicia que el Estado en materia económica fracasó. Se preguntó, además, lo siguiente: De que sirvió ese decreto de emergencia? “Este nuevo decreto de estado de excepción es  violatorio de la constitución. Vamos a seguir junto al pueblo para defender la Constitución", dijo luego de denunciar que con este decreto existe la posibilidad de que se profundice la violación de derechos humanos. Enfatizó que un demócrata en el ejercicio del poder se conoce cuando está en minoría y es capaz de medirse, hoy este gobierno como sabe que está en minoría, esta desconociendo la Constitución. "Estamos pidiendo que nos contemos y que el pueblo decida y vamos a la calle a exigir que se respete la soberanía", acotó Márquez. El diputado Luis Florido (Unidad/Lara) resaltó que el gobierno de ustedes nadie lo está tumbando se está cayendo solo y se está cayendo porque el pueblo está en problemas y nadie hace nada. Si nos reunimos. "Le dijimos a  los americanos que respeten a Venezuela pero que a los corruptos en cualquier parte del mundo, hay que cercarlos". Florido hizo un llamado a Álvaro Uribe para que deje tranquilo a Venezuela, ya que "con el colombiano que tenemos aquí basta". Agregó que ese decreto tiene el objetivo de convertir a Venezuela en un país donde no se respeten los derechos y en un país del autogolpe “y por ello los diputados  que están comprometidos con Venezuela tenemos la tarea de preservarla democracia y lo seguiremos haciendo por el escenario internacional”. Este decreto no puede aprobarse porque no protege al pueblo, no da soluciones y habla de una injerencia extranjera cuando no resuelve los problemas de los venezolanos. Entretanto, el diputado Ricardo Sanguino (GPP/Táchira) dijo que ellos (opositores) son los que se oponen a que se aprueben las medidas para  proteger al pueblo. Agregó que ha habido una actitud hostil de diputados de la oposición y que muchos participaron en  el golpe de abril del 2002 y en guarimbas. Lo que queremos con este decreto es lograr la estabilización económica para preservar los logros sociales. Vamos a defender el decreto para beneficio del pueblo. El primer vicepresidente de la institución, diputado Enrique Márquez (Unidad-Zulia), manifestó que el debate se realiza en un país que vive en una grave crisis  y en un momento que hubo intento de saqueo en Guarenas y el pueblo está sometido a una presión social. "Lo que ocurre no tiene precedentes en la historia de Venezuela, tamaña tarea tienen los diputados del Psuv de defender los desaciertos del gobierno", acotó. Añadió que seguirán en la calle para presionar al CNE para que liberen la prisión a la que tienen sometido el referéndum."Es un derecho constitucional que no puede ser violado”. Este decreto repite los mismos errores del que fue emitido  anteriormente en materia económica. El mismo esconde el desmantelamiento de la Constitución, desmantelamiento que ha contado con la complicidad del Presidente Maduro y del TSJ. Añadió que detrás  del decreto se esconde el totalitarismo y la crisis. Entretanto el diputado Elías Jaua (GPP/Miranda), manifestó que la bancada opositora está llena de traidores y lacayos. Denunció el llamado a intervención que, según él, han mantenido varios líderes de la oposición en el mundo al alegar que existe "una supuesta crisis alimentaria" en Venezuela. "Con este decreto, el presidente está evitando la guerra civil que el Imperialismo y ustedes promueven en Venezuela", sostuvo el parlamentario durante el debate en la sesión parlamentaria de este martes. Jaua acusó a la bancada opositora de legislar "sin pueblo". "No es competencia de esta Asamblea Nacional promover una salida del presidente constitucional", insistió Jaua. Manifestó que la oposición ha desarrollado una matriz de opinión internacional acerca de una crisis humanitaria que puede llevar a una intervención. Ramos Allup cerró el debate Finalmente el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup (Unidad-Dtto. Capital), al cerrar el debate recordó que el presidente Hugo Chávez no decretó Estado de Excepción ni siquiera en el 2002, durante el paro petrolero porque contaba con el apoyo popular; situación distinta a la que vive actualmente el jefe de Estado, Nicolás Maduro y que lejos de construir fortaleza, este decreto revela debilidad. Ramos Allup destacó que el Gobierno viola, transgrede y trata de desconocer al Poder Legislativo, porque no lo puede controlar. Aseguró que el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica está desaplicando la Constitución Nacional. "El gobierno viola, transgrede y trata de desconocer a este poder porque no lo puede controlar". Ramos Allup dijo que el 80% de los venezolanos considera que el presidente Nicolás Maduro es responsable de la crisis política y económica que existe en el país y "debe salir inmediatamente" del poder. Señaló que muchos de los dirigentes del oficialismo declararán ante Estado Unidos para que les sea perdonado "lo que han robado". Dijo que cuando el Embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, hable y diga todo lo que sabe, "el Gobierno se va a hacer añicos". “Rafael Ramírez está siendo investigado por el Parlamento por supuestas irregularidades durante su gestión como ministro de Petróleo y Minería”, dijo el parlamentario. También se refirió al tema de los militares, señalando pongan cuidado en lo que sucede en la FANB no vaya a ser que los sorprendan con un madrugonazo. "Y yo no creo en militares haciendo política, yo creo que deben estar en los cuarteles cumpliendo su labor", enfatizó el presidente del parlamento. Ramos Allup reiteró su posición frente a la crisis del país: "Estos que estamos aquí somos los que vamos a salvar la institucionalidad de un país, frente al golpe que nos están dando". PSUV salvó su voto Cabe destacar que al finalizar el debate en torno al Proyecto de Acuerdo sobre el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el diputado Pedro Carreño, del Gran Polo Patriótico, intervino para dejar constancia de que los diputados miembros de su bancada salvaban su voto por considerar que el mismo viola el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. De inmediato el Secretario de la institución tomó debida nota de lo expresado por el diputado Carreño. Seguidamente el  presidente de la institución, diputado Henry Ramos Allup, sometió a votación el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica emitido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y el mismo resultó negado por la Bancada de la Unidad y aprobado por la Bancada del GPP. Es importante recordar que éstos ahora no tienen los votos suficientes para lograr la aprobación unánime de cualquier materia que se someta a consideración de la plenaria. El diputado Pedro Carreño, a pesar de haber votado a favor del referido Decreto,  volvió a intervenir con la finalidad de decir que el debate que se llevó a cabo durante la tarde de este martes viola el artículo 339 de la Constitución Nacional debido a que el documento aún no ha sido remitido al Poder Legislativo. “Por lo tanto nos reservamos las acciones legales”, indicó el parlamentario. Maritza Villarroel y Jessyca Herrera / Prensa AN

Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica

Doce artículos lo componen y, entre otras disposiciones, otorga potestades de vigilancia y mantenimiento del orden público a los CLAP; el posible establecimiento de "límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana"; la restricción de algunas operaciones y transacciones comerciales y la probable suspensión del porte de armas.

Caracas.- Bajo el número 2.323, apareció publicado el “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227 de fecha viernes 13 de mayo, mismo día que fue anunciada y firmada por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En el cuerpo del documento se señala que este Decreto tendrá una vigencia de 60 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, prorrogables por 60 días más. Asimismo, especifica que entró en vigencia desde su publicación en el mismo instrumento de divulgación, y que tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como la Asamblea Nacional tienen cada una 8 días para que se pronuncien sobre su constitucionalidad la primera y su consideración y aprobación la segunda.

El Artículo 1 del “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” se lee:

“Se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la Economía Nacional, el Orden Constitucional, la paz Social, la seguridad de la Nación, las Instituciones Públicas y las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida”.

Posteriormente en el Artículo N° 2 especifica una amplia cantidad de medidas para que el Ejecutivo Nacional dicte lo que considere conveniente en lo que tiene que ver, entre otros asuntos, con:

-La producción, distribución y comercialización de insumos y bienes de primera necesidad destacando de esto “el combate de conductas económicas distorsivas como el ‘bachaqueo’, el acaparamiento la usura y el boicot.

-La nueva atribución a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los Consejos Comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular para que junto a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y otros cuerpos policiales velen por el mantenimiento del orden público garantizando con ello la seguridad y soberanía del país.

-El ajuste del horario de la jornada laboral, tanto en el sector público como en el privado, como consecuencia de los efectos de los fenómenos climáticos.

-El área energética, urgiendo las medidas necesarias para la recuperación del parque de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

-La seguridad interna de la nación, a través del sostenimiento del orden público ante acciones “desestabilizadoras”.

-Medidas especiales en “el orden de la política exterior de la República que garanticen el ejercicio de la soberanía nacional e impidan la injerencia extranjera en los asuntos internos del Estado venezolano”.

En el artículo 3 de este Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica igualmente se autoriza al Presidente de la República “a dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime conveniente a las circunstancias”.

En el artículo 4 indica que el Ministerio con competencia en el área de banca y finanzas podrá coordinar con el Banco Central de Venezuela la determinación de “límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como las restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales y financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país."

Contempla además el artículo 5 la posible suspensión temporal del porte de armas en el territorio nacional, con el objetivo de “garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos”. Se exime de esta medida el porte de armas orgánicas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

Más adelante, en el artículo 7, se lee que son el Poder Judicial y el Ministerio Público los responsables de realizar las actividades propias de sus competencias para garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la ejecución de este decreto.

Y en el artículo 11 dicta que son el Vicepresidente Ejecutivo y los ministros del Poder Popular los encargados de ejecutar todas las medidas anteriores.

The right to be yourself at work

"Today, on this International Day I would underline the fundamental importance of social justice and decent work as a key element of positive mental health and well-being of LGBT persons, and an essential expression of LGBT rights," says ILO Director-General Guy Ryder.

© CJF20

This year, the theme for the International Day against Homophobia and Transphobia is mental health and well- being. This is particularly relevant as 26 years ago today, the World Health Organization declassified homosexuality as a psychiatric disorder. This was a significant turning point and prefaced many positive developments for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) rights, not least that today over 60 ILO member States explicitly prohibit discrimination at work on the grounds of sexual orientation and gender identity. 

Research undertaken by the ILO and other agencies indicates that the vast majority of LGBT workers keep their sexual orientation a secret, often resulting in considerable stress, depression and loss of productivity. However, people who have come out at work have fewer symptoms of anxiety, depression and burnout. And a central factor in the decision to come out at work is a supportive environment with proactive diversity and inclusion policies in place. 

In September 2015 the ILO, along with several United Nations organizations issued a joint statement entitled: “Ending violence and discrimination against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex people”. This statement opened with a simple but powerful declaration: “All people have an equal right to live free from violence, persecution, discrimination and stigma.”

The global community has continued to reinforce the commitment to addressing all forms of discrimination, through the adoption of the 2030 Sustainable Development Agenda, which is premised on the principle of “no one left behind”, providing a clear mandate for the promotion of LGBT workers’ rights. 

But much work remains to be done. Despite the clear progress since 1990, the deplorable idea that being LGBT is a “sickness” that needs to be cured persists in many countries and workplaces. 

That LGBT workers are criminalized and pathologized for simply being who they are should belong to the past. The ILO’s social justice mandate means promoting employment in conditions of freedom, equity, human security and dignity for all workers. And today, on this International Day I would underline the fundamental importance of social justice and decent work as a key element of positive mental health and well-being of LGBT persons, and an essential expression of LGBT rights.

Desempleo en América Latina y el Caribe aumentaría en 2016

Informe conjunto advierte sobre un aumento de la tasa de desocupación urbana en más de medio punto porcentual este año. El desempeño laboral de la región se abordará en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL que se realizará en México este mes.

© R. Golinelli / Bioversity International

SANTIAGO DE CHILE – La evolución de los mercados laborales en América Latina y el Caribe durante 2016 será en general negativa, debido a la previsión de un contexto macroeconómico y de crecimiento más deteriorado que el año pasado y al debilitamiento de algunos indicadores de empleo, advierten la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe conjunto difundido hoy.

Los organismos de las Naciones Unidas señalan en una nueva edición de Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe  que estos factores, en especial el bajo dinamismo en la generación de empleo, llevarían a un incremento del desempleo urbano de más de medio punto (0,5) porcentual en 2016 con respecto a 2015.

“El proceso de continua mejora de los indicadores laborales que benefició a la región durante gran parte de los últimos 15 años se frenó en un contexto macroeconómico global más desfavorable”, indican Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y José Manuel Salazar, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, en el prólogo del documento. 

“Esto subraya la importancia de medidas no solo para mitigar los efectos de la crisis en el corto plazo, sino también para enfrentar las brechas y rezagos de más largo plazo, tales como la poca diversificación productiva, las brechas de productividad, la alta informalidad y la desigualdad”, agregan.

El Director Regional de la OIT será uno de los participantes especiales en el trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, que se realizará en Ciudad de México del 23 al 27 de mayo. Durante el evento, Salazar expondrá en la mesa redonda sobre la dimensión regional del seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contempla una serie de objetivos relacionados específicamente con crecimiento inclusivo y trabajo decente. 

El informe CEPAL-OIT realiza un balance del desempeño de los mercados laborales de América Latina y el Caribe en 2015. Indica que, principalmente como resultado de la leve contracción del producto interno bruto (PIB) regional, ese año la tasa de desempleo promedio registró su primer aumento desde 2009, al pasar de 6,0% en 2014 a 6,5% en 2015.

Este aumento fue producto de una mayor entrada de buscadores de empleo al mercado de trabajo en comparación con años anteriores, quienes no encontraron la cantidad necesaria de puestos de trabajo. Esto fue consecuencia de una débil generación de empleo asalariado como resultado del bajo dinamismo de la actividad económica, agrega el estudio. 

Más autoempleo

Además, a nivel regional se registró un deterioro de la calidad del empleo, dado que en vista de la falta de suficientes puestos de trabajo asalariado, se expandió el trabajo por cuenta propia, generalmente de menor calidad. 

Según el documento, la debilidad en la generación de empleo en 2015 se expresó en la tercera caída anual consecutiva de la tasa de ocupación (en 0,4 puntos porcentuales), la cual implicó una reducción del número de perceptores de ingresos laborales por hogar. Esta caída en los ingresos ha jugado un papel importante en el aumento de la pobreza estimado para 2015 (a 29,2% de los habitantes de la región, de acuerdo con últimas proyecciones de la CEPAL).

Sin embargo, CEPAL y OIT recalcan que el deterioro de los indicadores de empleo y desempleo no es un fenómeno generalizado en la región. 

En 2015, solo en siete de 19 países de América Latina y el Caribe la tasa de desempleo aumentó, mientras que en nueve cayó y en otros tres se mantuvo prácticamente estable. En general, en los países de Centroamérica, México, República Dominicana y las naciones del Caribe la evolución del mercado laboral fue más favorable que en América del Sur, cuyo desempeño se vio afectado por el impacto del contexto externo en su actividad económica y la inflación, entre otros factores.

En la presente edición de Coyuntura laboral se analiza además la evolución del empleo en las áreas rurales de los países de la región entre 2005 y 2014 con el fin de identificar si las mejoras observadas en este período para los mercados laborales en su conjunto también se registran en estas zonas, y si las brechas respecto a las áreas urbanas se redujeron. 

Los datos disponibles muestran que las áreas rurales sí se beneficiaron de las mejoras respecto a los indicadores de cantidad y calidad del empleo en el total regional. Sin embargo, las brechas urbano-rurales no se achicaron.

Sobre este tema, el informe concluye que para avanzar en la reducción de los déficits de trabajo decente en las áreas rurales es indispensable una mayor modernización y diversificación productiva, además de mejoras de la productividad del sector agropecuario. Además se recomienda fortalecer las instituciones laborales para contribuir a la formalización del empleo rural, mejorar la protección social, un mayor cumplimiento del salario mínimo y otras normas del trabajo, así como disminuir los obstáculos para la inserción laboral de las mujeres y jóvenes rurales.

con información de: http://www.ilo.org/santiago/sala-de-prensa/WCMS_480328/lang--es/index.htm

1er. CEN de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, Valencia del 17 al 19 de Marzo de 2016

 

En Venezuela más de la mitad de los trabajadores del sector público no cuentan con los beneficios que estipula una contratación colectiva, según denuncian desde la Alianza Sindical Independiente.

Durante el Comité Ejecutivo de la Central de Trabajadores en Valencia, detallaron que más de un millón de empleados de la administración pública no goza de los derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, la Constitución Nacional y en convenios internacionales.

“Venezuela tiene dos millones 888 mil trabajadores públicos y un millón 430 mil están fuera de nómina, subcontratados, tercerizados, con empleos precarios y sin derechos. Venezuela es el país con el mayor número de empleados precarizados en la administración pública de América Latina”, detalló el Presidente de la Alianza Sindical Independiente, Carlos Navarro.

Navarro indicó además que en el país alrededor de siete millones de personas trabajan sin derechos y seguridad social. En la actividad participaron representantes de la Central Sindical de las Américas a fin de conocer la realidad nacional sobre el deterioro que, aseguran, atraviesa el salario mínimo en Venezuela.

“Venezuela no es un país para tener el salario mínimo más pequeño de América Latina, nuestro salario mínimo está por encima de 50 dólares y en Haiti está en 90 dólares. El salario mínimo en Bolivia está en 209 dólares, vivimos una situación compleja y difícil”, condenó Navarro.

Recientemente la directiva de la mencionada Alianza sostuvo reuniones con autoridades de la Vicepresidencia y del Ministerio del Trabajo a fin de discutir temas de la realidad. Esperan en los próximos días lograr acuerdos para mejorar este sector de la economía nacional.

Saquean Alcaldía y sede Pdval en Timotes, Mérida

Desde tempranas horas de la tarde 
inició el atentado a ambas instalaciones

Gráficas: Raúl Segovia
Diario Los Andes
Raúl Segovia.-

“No hay comida, tenemos un mes sin comprar alimentos básicos, el alcalde Concepción Rivera es un mentiroso”, eran los gritos de decenas de personas furiosas, que sin control saquearon todo a su paso. El pueblo, capital del municipio Miranda, perdió el control destrozando una sede de Pdval y el edificio municipal.

Trascendió que el mandatario local prometió el pasado 10 de mayo la venta de comida para el día siguiente. La comida no fue expendida como fue anunciado, y en horas de la tarde, en grupo fueron a la alcaldía al exigir al alcalde respuestas y enardecidos tumbaron los portones de Pdval para saquearlo. La gente en medio de la conmoción, cargó con todo. Hasta golpes se dieron por pañales, leche, harina y cuanto producto era escaso.

Los testigos cuentan que había de todo por bulto, pero el abasto popular estaba cerrado. El gobierno local le mintió al pueblo y la reacción fue la violencia y el vandalismo. Eran unos 150 personas, un poco más de 50 tenían los rostros cubiertos, querían quemar el edificio municipal.

Un piquete de la GN no dio basto, la furia de los protestantes los rebosó. Un militar es casi linchado al ser acorralado por la turba. El hombre fue rescatado por otros vecinos para evitar que lo mataran. El oficial quedó malherido. Los policías se resguardaron en su unidad, que está a lado de la alcaldía, una moto fue incendiada. Por más de dos horas entre cinco y siete de la noche de ayer, le cayeron cayeron piedras y bombas molotov al edificio.

Los vecinos rescataron a cinco empleadas de la alcaldía que estaban atrapadas en medio de la lluvia de piedras. El segundo saqueo ocurrió a eso de las 6:45 pm., el objetivo era el palacio municipal. Unas 80 personas cargaron con todo. Había comida, cauchos, baterías, verduras, computadoras, material de papelería, computadoras, equipo digitales, sillas, cámaras, impresoras, lavaplatos, pocetas, cafeteras. La gente cargo con todo. La alcaldía quedó destrozada, acabada. Los documentos y el archivo destruido

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Patologización: ser lesbiana, gay, bisexual y/o trans no es una enfermedad

Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia/12 de mayo de 2016

Datos de contacto

María Isabel Rivero
Oficina de Prensa y Comunicación de la CIDH
Tel: +1 (202) 370-9001
mrivero@oas.org

Ginebra / Washington, D.C. – En víspera del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia el 17 de mayo, un grupo de expertos/as en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y otros/as expertos internacionales* hacen un llamado urgente a terminar con la patologización de adultos, niñas y niños lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT).

El Comité de los Derechos del Niño, un grupo de expertos/as en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa instan a los Gobiernos a reformar las clasificaciones médicas y a adoptar medidas para prevenir todas las formas de tratamientos y procedimientos forzados a las personas LGBT.

La patologización de adultos, niñas y niños LGBT, es decir, etiquetarlas como enfermas con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, ha sido históricamente, y continúa siendo, una de las causas principales de las violaciones de derechos humanos que enfrentan. También es un obstáculo para poder superar las actitudes y estereotipos negativos, así como las múltiples barreras que enfrentan las personas LGBT cuando tratan de ejercer sus derechos más fundamentales.

Las categorías médicas patologizantes y estigmatizantes que se relacionan con la identidad y la expresión de género son utilizadas para justificar someter a personas trans, incluyendo jóvenes, a esterilizaciones, tratamientos hormonales, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitiva, y para condicionar o imponerles otras trabas abusivas al ejercicio de sus derechos humanos. Dichas clasificaciones también crean obstáculos abusivos para el acceso de personas trans a transformaciones corporales seguras lo que ha conducido a muertes prematuras y prevenibles que resultan de procedimientos inseguros y clandestinos. 

Asimismo, con base en estas clasificaciones patologizantes, las personas LGBT continúan siendo sometidas a tratamientos abusivos, nocivos y carentes de ética. Estos incluyen las llamadas “terapias de conversión” basadas en su orientación sexual o identidad de género con efectos especialmente perjudiciales en niños, niñas y adolescentes.

Los tratamientos y procedimientos forzados, coercitivos o involuntarios pueden causar dolor y sufrimiento físico y mental, de forma severa y de por vida, y pueden violar el derecho a estar libre de tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las clasificaciones patologizantes también se han usado para justificar otros abusos contra personas LGBT – como la criminalización de personas trans y de las relaciones entre personas del mismo sexo o la negación o establecimiento de requisitos abusivos para el reconocimiento oficial de la identidad de género de las personas trans – y siguen contribuyendo a la marginalización y exclusión de personas LGBT, en contextos de educación, salud, empleo, y vivienda, entre otros. Etiquetar a personas LGBT como enfermas también está vinculado con violencia sexual, incluyendo las así llamadas violaciones “correctivas” en contra de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, así como también a la violencia, acoso y “bullying” transfóbico y homofóbico que enfrentan las y los jóvenes con base en su identidad de género y orientación sexual, sean éstas reales o percibidas, lo cual impacta severamente en su salud y bienestar mental y físico, como se refleja en las tasas mayores de suicidio, depresión y autolesiones.

Ser lesbiana, gay, bisexual o trans es parte de la gran diversidad de la naturaleza humana. Expresamos por lo tanto nuestra profunda preocupación por la continua patologización de niños, niñas y de personas adultas trans debido a clasificaciones médicas, tanto nacionales como internacionales. Acogemos con satisfacción los avances en la despatologización de la atracción entre personas del mismo sexo desde que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la homosexualidad como una enfermedad y la retiró de la Clasificación Internacional de Enfermedades hace veintiséis años, pero nos sigue preocupando que ésta continúe siendo patologizada por algunas asociaciones médicas nacionales. 

Se requieren reformas legales y de políticas para derogar las leyes discriminatorias y proteger a las personas LGBT de la violencia y la discriminación. Pero estas reformas no serán efectivas o suficientes por sí solas, mientras sigan existiendo clasificaciones médicas obsoletas. Estas clasificaciones deben, por lo tanto, ser modificadas para despatologizar a las identidades o expresiones trans y a la atracción entre personas del mismo sexo.  Los Estados deben también adoptar medidas para prevenir, investigar y procesar todas las formas de tratamientos y procedimientos forzados, coercitivos o involuntarios a personas LGBT. Deben, además, asegurar la provisión de servicios de salud basados en el consentimiento informado y libres de discriminación, patologización y discriminación, incluyendo procedimientos de reafirmación de género para personas trans.