El Nacional / La central de la Alianza Sindical Independiente
rechazó la resolución 1855 del Ministerio del Trabajo, publicada en
Gaceta Oficia l el 22 del presente mes, la cual establece que las
empresas deberán, de manera obligatoria, "prestar" a sus trabajadores
para que laboren durante 60 días, prorrogables, en "aquellas entidades
que son objeto de medidas especiales implementadas para fortalecer su
producción", y aseguró que se trata de una "forma de trabajo forzoso
mediante el reclutamiento de personal coercitivo y engañoso".
En un comunicado, ASI señala que la resolución deja entrever que habrá
riesgos de seguridad industrial para los trabajadores transferidos a las
actividades del sector agroalimentario.
El texto de
la medida dice: "Una vez cesada la suspensión tendrán (los trabajadores)
el derecho de continuar prestando servicio en la entidad de trabajo
originaria en las mismas condiciones de trabajo existentes para la fecha
en que ocurrió aquella, salvo que por circunstancias de accidente de
trabajo, enfermedad ocupacional o enfermedad común resultare
discapacitado para desempeñar las funciones inherentes a su puesto de
trabajo".
La alianza obrera denunció que el gobierno
viola las recomendaciones de la 105ª Conferencia de la Organización
Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, Suiza, en junio pasado,
en la que se instó a las autoridades venezolanas a que genere e
instrumente políticas "de empleo productivo y libremente elegido, en
consulta tripartita a empleadores y trabajadores", lo que no se dio en
la resolución.
Carlos López, dirigente de la Central
Bolivariana Socialista de Trabajadores, defendió la resolución del
Ejecutivo y aseveró que el objetivo de la medida es activar el aparato
productivo del país que está inactivo. "La resolución, como decreto del
presidente, no es una esclavitud, es voluntaria. Los trabajadores que
quieran moverse a trabajar para activar las empresas se mueven y tendrán
sus derechos garantizados", aclaró el dirigente.
Janet Piñango, del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, afirmó que
la medida "cosifica al ser humano" al tratar a los trabajadores como
mercancía y ser prestados para cumplir labores no propias de su área y
sin su consentimiento. "Los trabajadores tienen el derecho de decidir si
quieren trabajar en un sitio o no", añadió.
La
dirigente abordó el tema de los recursos oficiales para cubrir los
salarios de los trabajadores trasladados de las empresas privadas a las
actividades agroalimentarias del gobierno. "¿La administración pública
nacional tiene un presupuesto asignado o será que se desviarán fondos
para cancelar el sueldo de estos trabajadores?".
Con Información de El Nacional
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